2012 - Coming soon


Si miramos nuestros paisajes, principalmente en la costa y en las ciudades de nuestro país, el concepto "inmobiliaria sostenible" resulta completamente grotesco. No sólo se ha destruido el paisaje litoral sino que además ha servido de poco: La mayoría de los empresarios de la construcción se enfrentan a deudas y embargos, los trabajadores llevan tiempo en el paro, las viviendas construidas permanecen vacías mientras el acceso y el coste de una vivienda es el problema de casi todos. Con este panorama se hace evidente que el modelo actual de gestión del "patrimonio inmobiliario" hace aguas.



LAS RIBERAS DEL MAR OCÉANO

Costas veta una serie en TVE sobre la destrucción del litoral


El Gobierno exige retirar dos minutos de imágenes de corrupción - El guionista denuncia "censura como la de las fotos de Valencia"


El documental se puede ver en el siguiente enlace:

El Ministerio de Medio Ambiente ha bloqueado la emisión de un documental para TVE que encargó Cristina Narbona en 2006 sobre la destrucción del litoral y que fue financiado con 1.292.874 euros de dinero público. El Gobierno exige retirar dos minutos de vídeo, en los que se superponen imágenes del Telediario sobre la corrupción urbanística como uno de los males del litoral. El responsable de la serie, el catedrático de Costas de Granada Miguel Ángel Losada, se niega a retirar ese fragmento: "Desgraciadamente, la corrupción es parte de nuestra historia. Esto es una censura como la de las fotos de la Diputación de Valencia".

imágene aéreas del Mar Menor
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Imágenes aéreas de los excesos urbanísticos del Mar Menor-

derribos
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Derribos en el litoral-

La noticia en otros webs

El ministerio dice que quiere evitar "interpretaciones tendenciosas"

Narbona acordó en 2006 financiar el documental con 1,2 millones de euros

La serie Las riberas del mar océano es de todo menos neutra, especialmente el capítulo 12, dedicado a la legislación. Bajo imágenes aéreas realmente espectaculares, un locutor narra: "La costa concentra una parte sustancial de los delitos contra el medio ambiente y el urbanismo, de viviendas ilegales y de sentencias de demolición. Tras ella se esconde la complicidad social con la corrupción urbanística, que se manifiesta por la connivencia de algunos funcionarios, cargos públicos, profesionales y empresas de suministro. Todos ellos han consentido las actividades ilícitas y las prácticas corruptas. ¿Por qué hay tantos desmanes, abusos y corrupciones?".

Más adelante añade: "Gran parte del litoral español está en manos privadas, urbanizado, alterado profundamente o destruido. En muchos casos no existen las servidumbres de paso, protección y acceso al mar". Sobre El Algarrobico (Almería), se pregunta si se insiste de nuevo "en el desarrollo económico a toda costa".

En el documental hablan juristas como Tomás de la Quadra, el fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher -que define el deterioro ambiental como "un suicidio colectivo, algo brutalmente lamentable"- o Fernando Palao, el redactor de la Ley de Costas de 1988. Éste, que fue secretario de Estado en Fomento hasta hace un año, pide "una aplicación más estricta" de la norma y ha calificado en público de "pintoresca" la actuación del actual equipo de Costas con los chiringuitos.

La serie cita casos concretos de abusos como la urbanización en el Prat de Cabanes y plantea desmontar los poblados en primera línea en Chilches y Moncófar (todos en Castellón). El vídeo los sitúa dentro del dominio público y se pregunta si no sería más lógico trasladarlos en vez de regenerar las playas artificialmente.

"La serie no tenía absolutamente ninguna directriz política. No sólo eso, sino que me dieron libertad total para alcanzar unos objetivos que estaban bien definidos. Ni TVE ni yo somos una agencia de publicidad", explicó ayer por teléfono Losada, que lideró la serie junto al periodista Julio de Benito, ya fallecido. Losada añade que por respeto a De Benito no puede cambiar el documental que cerraron. La serie ha sido rodada durante más de dos años con personal de TVE.

El convenio entre el ministerio y la Universidad de Granada establece 10 objetivos del documental. El primero de ellos: "Transmitir que el litoral es de todos los ciudadanos y que todos tenemos el derecho y el deber de usarlo y protegerlo, de respetar y hacer respetar su ordenación, organización y control".

Los responsables del ministerio vieron la serie hace meses y plantearon seis objeciones técnicas. Según Losada, él las aceptó salvo la de retirar dos minutos en los que, con imágenes del Telediario, se suceden casos de corrupción: Telde, Andratx, Marbella... Losada justifica su resistencia: "Esas imágenes son fundamentales. Es parte de la historia de este país y no lo digo yo, sino los periódicos todos los días. Lamentablemente, es una parte de nuestra historia y si la ocultamos estamos condenados a repetirla".

Una portavoz del ministerio admitió ayer en un correo electrónico que, además de las objeciones técnicas, el departamento que dirige Elena Espinosa "solicitó que se eliminaran dos minutos de un capítulo de 45 en el que se afirmaba que el problema del litoral era la corrupción urbanística". Y justificó: "En opinión del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la situación del litoral español responde a una mala planificación urbanística y a un exceso de edificabilidad, con independencia de que la corrupción sea, lamentablemente, una realidad en zonas de la costa".

Losada detalla cómo fue esa reunión, el pasado 24 de febrero en el ministerio: "Dijeron que el secretario general del Mar [Juan Carlos Martín Fragueiro] dio la orden de que con esas imágenes el capítulo 12 no se emitiría. La serie son 13 capítulos engarzados y como guionista no consiento que se cercene y no autorizo que se emita si no es la serie completa".

Medio Ambiente considera que "no ha vetado ni censurado ningún capítulo" de esta producción y argumenta que "una serie de carácter divulgativo y didáctico, avalada por el mismo, no puede contener ningún tipo de error o inexactitud ni dar pie a interpretaciones tendenciosas". "El ministerio y TVE", concluye, "están a la espera de que puedan realizarse estos cambios para que se pueda emitir una serie que considera de un gran interés".

Miguel Ángel Losada admite que la serie "muestra cosas flagrantes contra la Ley de Costas y contra la Constitución". "Las imágenes desde el aire son, muchas de ellas, muy dolorosas porque muestran un deterioro de una franja única e irrepetible convertida en una franja para cimentar edificios".


RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 15/03/2010

TORRES DE LA CONDOMINA: PATRIMONIO ALICANTINO



La
TORRE RIZO o RUIZ se hallaba en el interior de lo que actualmente es un campo de golf en el antiguo Pau 4 de la Playa de San Juan o Plan Parcial de la Condomina. Según afirman los propietarios de la misma y de la antigua casa a ella adosada, la torre fue desmontada sillar a sillar a finales de los años 90 para evitar su destrucción, quedando pendiente su reconstrucción en lugar idóneo.
Un año después de su desaparición, la torre fue protegida con la declaración de BIC.
La torre se hallaba desmochada y al menos le faltaba un piso. Probablemente su construcción databa del siglo XVII.

Localización, información e imagen de la Torre Rizo o Ruiz gracias a ALFREDO CAMPELLO
a_campello2@hotmail.com

Quizás fuera de la provincia de Alicante llame la atención el desprecio absoluto que se tiene aquí por nuestro patrimonio y nuestra historia. Dentro de la arquitectura defensiva-militar destacan las Torres de Defensa de la Huerta de Alicante construidas el los S XVI y XVII, catalogadas como Bien de Interés Cultural.
Existieron muchas más torres defensivas en el pueblo como la Torre Cotella, Torre de la Maigmona o la Torre de Juan Senia entre otras, pero fueron derribadas, algunas de ellas recientemente para la construcción de viviendas acosadas y el campo de golf del PAU 4. Las pocas que quedan todavía se quedan en una situación ridícula en un entorno absurdo, como se puede comprobar en la fotógrafía. Lo más triste no es sólo el hecho de la desaparición de las torres sino la insensibiliad de quienes participan en el urbanismo de la provincia ¿Acaso era imposible integrar y restaurar el monumento en su campo de golf?¿No tendría más interés un campo de golf que incluyese un BIC, que nos hablase de nuestra historia mientras jugamos con la pelotita? Además de interesados y corruptos tamto políticos como constructores y arquitectos municipales han demostrado su absoluto incompetencia para gestionar el suelo y mucho menos el patrimonio.

jueves, 4 de marzo de 2010

Fraude urbanístico a la vista de todos

Viviendas ilegalesAntes que Montroy fue Llíber. Y antes, l'Atzúvia. Los personajes de la trama son casi siempre los mismos: promotores sin escrúpulos y políticos y técnicos municipales que les dejaron hacer y que incluso se beneficiaron de la millonaria estafa. Que el guión se repita revela que fallaron los mecanismos para preservar el territorio. Lo curioso es que el fraude urbanístico se perpetró a la vista de todos. Ahora hay cientos de casas ilegales.

Al interior de la Marina Alta no le vino nada bien mirarse en el espejo del boom urbanístico del litoral. Con Normas Subsidiarias desfasadas y prisa por rebañar las migajas del negocio de la construcción, pueblos como Gata o Pego dieron luz verde a PAI que devinieron auténticos fiascos. Gata Residencial se convirtió en una colmena inacabada de adosados y Penya Roja, en una urbanización fantasma en plena montaña. Pero esos traspiés urbanísticos son legales

Esa fiebre tuvo un lado mucho más oscuro. En ayuntamientos como los de l'Atzúvia o Llíber, promotores sin demasiada buena reputación en el sector encontraron la complicidad de políticos y técnicos. Que de la noche a la mañana empezaran a proliferar viviendas en suelo no urbanizable y en parcelas muy inferiores a 10.000 metros cuadrados no escandalizaba a casi nadie. Incluso en Llíber, el alcalde entre 1999 y 2003, José Mas Avellà, del PP, aplicaba una ordenanza a todas luces ilegal para autorizar chalés en parcelas de 5.000 metros cuadrados de terreno rústico.
Pero, aparentemente, no pasaba nada. Los grupos ecologistas ponían el grito en el cielo y denunciaban las irregularidades. El negocio urbanístico podía más. Mientras, cientos de familias de residentes extranjeros caían en la tela de araña tejida por promotores sin escrúpulos. Les prometían un retiro feliz en un paraje de ensueño y, en realidad, les vendían casas ilegales con suministro de luz y agua en precario. Los constructores pronto desaparecían y para las familias quedaba la amenaza del posible derribo.
Precisamente, las denuncias de esos residentes estafados destaparon las tramas de viviendas ilegales. En Llíber, durante ese periodo de 1999 a 2003 se construyeron nada menos que 300. La Guardia Civil detuvo el pasado mes de diciembre al promotor Miguel Muntaner, al ex alcalde José Mas Avellà y al arquitecto técnico Amador Signes. El técnico informó favorablemente las licencias fraudulentas (algunas eran para reformar ruinas que ni existían) y el ex primer edil las otorgó. Además, hay unos veinte imputados entre constructores, concejales, abogados y hasta un notario de Xàbia.
Mientras, en l'Atzúvia, la policía arrestó en enero de 2008 al promotor alemán Klaus Dieter May por edificar en suelo no urbanizable 13 chalés de lujo que vendió a potentados clientes. Los construyó con licencia para viviendas unifamiliares o de casa de labranza que le concedió el entonces alcalde, Manuel Reig, del PP, quien ya ha fallecido. En este caso, la denuncia la presentaron los grupos ecologistas Gelibre y Agró que de nuevo ahora han advertido de que el ayuntamiento sigue haciendo la vista gorda con estas viviendas ilegales en lugar de restituir la legalidad urbanística.
Llíber y l'Atzúvia son los casos más llamativos, pero no la excepción. También en los pueblos del litoral, donde unos PGOU sobredimensionados ampararon un frenético crecimiento urbanístico, se han hecho gordas. En Calp, el plan general aprobado en 1989 legalizó unas 2.000 viviendas fuera de ordenación y desperdigadas por todo el término municipal.
Además, fuentes conocedoras del urbanismo en el interior de la Marina Alta han comentado a este diario el caso de un promotor que acumulaba 10.000 metros cuadrados en suelo rústico (la superficie mínima para construir una vivienda unifamiliar) y segregaba mil metros que vendía a un residente extranjero para que se edificara una vivienda. Posteriormente, volvía a adquirir otros mil metros para recuperar los 10.000 y poder obtener otra licencia de obra. De nuevo, segregaba una parcela de mil metros y vuelta a empezar en una práctica fraudulenta que dio pie a la construcción de decenas de chalés ilegales.
Es evidente que en aquellos años de boom urbanístico los mecanismos de control fallaron. Ni los ayuntamientos ni el Consell fueron demasiado celosos en hacer cumplir la disciplina urbanística. La herencia son cientos de casas irregulares y de propietarios -la mayoría residentes extranjeros- estafados. Desde luego que el urbanismo valenciano, al menos en la Marina Alta, se ha ganado a pulso su mala fama en Europa.

ALFONS PADILLA DÉNIA

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