Fraude urbanístico a la vista de todos

Viviendas ilegalesAntes que Montroy fue Llíber. Y antes, l'Atzúvia. Los personajes de la trama son casi siempre los mismos: promotores sin escrúpulos y políticos y técnicos municipales que les dejaron hacer y que incluso se beneficiaron de la millonaria estafa. Que el guión se repita revela que fallaron los mecanismos para preservar el territorio. Lo curioso es que el fraude urbanístico se perpetró a la vista de todos. Ahora hay cientos de casas ilegales.

Al interior de la Marina Alta no le vino nada bien mirarse en el espejo del boom urbanístico del litoral. Con Normas Subsidiarias desfasadas y prisa por rebañar las migajas del negocio de la construcción, pueblos como Gata o Pego dieron luz verde a PAI que devinieron auténticos fiascos. Gata Residencial se convirtió en una colmena inacabada de adosados y Penya Roja, en una urbanización fantasma en plena montaña. Pero esos traspiés urbanísticos son legales

Esa fiebre tuvo un lado mucho más oscuro. En ayuntamientos como los de l'Atzúvia o Llíber, promotores sin demasiada buena reputación en el sector encontraron la complicidad de políticos y técnicos. Que de la noche a la mañana empezaran a proliferar viviendas en suelo no urbanizable y en parcelas muy inferiores a 10.000 metros cuadrados no escandalizaba a casi nadie. Incluso en Llíber, el alcalde entre 1999 y 2003, José Mas Avellà, del PP, aplicaba una ordenanza a todas luces ilegal para autorizar chalés en parcelas de 5.000 metros cuadrados de terreno rústico.
Pero, aparentemente, no pasaba nada. Los grupos ecologistas ponían el grito en el cielo y denunciaban las irregularidades. El negocio urbanístico podía más. Mientras, cientos de familias de residentes extranjeros caían en la tela de araña tejida por promotores sin escrúpulos. Les prometían un retiro feliz en un paraje de ensueño y, en realidad, les vendían casas ilegales con suministro de luz y agua en precario. Los constructores pronto desaparecían y para las familias quedaba la amenaza del posible derribo.
Precisamente, las denuncias de esos residentes estafados destaparon las tramas de viviendas ilegales. En Llíber, durante ese periodo de 1999 a 2003 se construyeron nada menos que 300. La Guardia Civil detuvo el pasado mes de diciembre al promotor Miguel Muntaner, al ex alcalde José Mas Avellà y al arquitecto técnico Amador Signes. El técnico informó favorablemente las licencias fraudulentas (algunas eran para reformar ruinas que ni existían) y el ex primer edil las otorgó. Además, hay unos veinte imputados entre constructores, concejales, abogados y hasta un notario de Xàbia.
Mientras, en l'Atzúvia, la policía arrestó en enero de 2008 al promotor alemán Klaus Dieter May por edificar en suelo no urbanizable 13 chalés de lujo que vendió a potentados clientes. Los construyó con licencia para viviendas unifamiliares o de casa de labranza que le concedió el entonces alcalde, Manuel Reig, del PP, quien ya ha fallecido. En este caso, la denuncia la presentaron los grupos ecologistas Gelibre y Agró que de nuevo ahora han advertido de que el ayuntamiento sigue haciendo la vista gorda con estas viviendas ilegales en lugar de restituir la legalidad urbanística.
Llíber y l'Atzúvia son los casos más llamativos, pero no la excepción. También en los pueblos del litoral, donde unos PGOU sobredimensionados ampararon un frenético crecimiento urbanístico, se han hecho gordas. En Calp, el plan general aprobado en 1989 legalizó unas 2.000 viviendas fuera de ordenación y desperdigadas por todo el término municipal.
Además, fuentes conocedoras del urbanismo en el interior de la Marina Alta han comentado a este diario el caso de un promotor que acumulaba 10.000 metros cuadrados en suelo rústico (la superficie mínima para construir una vivienda unifamiliar) y segregaba mil metros que vendía a un residente extranjero para que se edificara una vivienda. Posteriormente, volvía a adquirir otros mil metros para recuperar los 10.000 y poder obtener otra licencia de obra. De nuevo, segregaba una parcela de mil metros y vuelta a empezar en una práctica fraudulenta que dio pie a la construcción de decenas de chalés ilegales.
Es evidente que en aquellos años de boom urbanístico los mecanismos de control fallaron. Ni los ayuntamientos ni el Consell fueron demasiado celosos en hacer cumplir la disciplina urbanística. La herencia son cientos de casas irregulares y de propietarios -la mayoría residentes extranjeros- estafados. Desde luego que el urbanismo valenciano, al menos en la Marina Alta, se ha ganado a pulso su mala fama en Europa.

ALFONS PADILLA DÉNIA